Adrián Arellano, abogado de una familia que resultó lesionada tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico, presentó una denuncia frente a la Fiscalía General de la República contra las constructoras responsables del transporte. “La denuncia no tiene que ver con que estén inconformes, simplemente es hacer valer el ejercicio de su derecho para participar en la investigación, conocer el desarrollo del dictamen”, refirió el abogado. En ese sentido explicó que el documento penal señala a tres empresas: COMSA Infraestructura, Grupo constructor Diamante y Daniferrotools, por la adquisición y compra venta de elementos necesarios para la construcción del tren. “La familia lo que pide es que se investigue y en caso de existir responsabilidades, que se establezca si hay reparación del daño”, agregó Arellano y puntualizó que realiza de manera gratuita sus servicios legales.
El texto original de este artículo de la Agencia Quadratín